El Ministerio de Industria ha dado a conocer las principales novedades del proyecto de ley de inversiones, que está a la espera de aprobación por el Consejo de Gobierno.

Al presentar el resumen del balance de la industria para el año 2020, el Ministerio destacó las principales novedades del nuevo código de inversiones, que abarca “la definición de los principios y normas que rigen la inversión, así como las garantías que se concederán a los inversores”.

El proyecto de ley también pretende “revisar el estatus del Consejo Nacional de Inversiones (CNI) limitando sus competencias a las previstas en su creación”.

La nueva ley, que regirá las inversiones en Argelia, también “modulará las ventajas de explotación que se concederán a los proyectos según una tabla de evaluación, basada en criterios precisos”.

La CNI tendrá la tarea de examinar prioritariamente, mediante criterios de elegibilidad, los proyectos de inversión de especial interés para la economía nacional (régimen del convenio).

Además, el mismo proyecto de ley reconfigura la Agencia Nacional de Desarrollo de la Inversión (ANDI), “posicionándola como ventanilla única para la promoción de la inversión y el apoyo a los inversores, independientemente del tamaño de sus proyectos”. Se especifica que esta agencia está dotada de ventanillas únicas que cubren todo el territorio nacional”.

Para salvar a las empresas industriales públicas, que se encuentran en una situación financiera delicada, el Ministerio de Industria tiene la intención de avanzar hacia el fomento de las asociaciones público-privadas y evitar las privatizaciones, que corren el riesgo de provocar malestar social.

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Para ello, el mismo documento señala que el Departamento de Industria ha puesto en marcha una auditoría de las asociaciones existentes entre los sectores público y privado para evaluar su impacto financiero y económico e identificar sus deficiencias. “La asociación se considera una palanca estratégica para la modernización y el desarrollo de las empresas públicas”.

La evaluación subraya que el Ministerio anima a las empresas del sector público comercial a implicarse en un proceso de fomento de la asociación nacional y/o internacional, cuando ésta promueve la consecución de los objetivos estratégicos de la empresa y está en consonancia con los principios de la política adoptada por las autoridades públicas.

Esta operación de auditoría, cuyas conclusiones se entregarán durante el primer trimestre de 2021, servirá de “referencia” para el desarrollo de una estrategia de asociación entre las empresas públicas y los socios nacionales y/o extranjeros, basada en los principios de pertinencia y rentabilidad.

También destacó que en el primer trimestre de 2021 se ultimará una carta de asociación que servirá de marco de referencia para la realización de operaciones de asociación dentro de un marco jurídico renovado.

Necesidad de una “reforma profunda” del CPE:

Además, el Ministerio de Industria menciona en su documento que las insuficiencias y disfunciones que han caracterizado la actividad del Consejo de Participación del Estado (CPE) desde su creación en 2001 requieren “profundas reformas”.

Para ello, se ha recomendado la creación de una entidad a la que se encomendará la función de interfaz de carácter no administrativo, con libertad para asistir a la toma de decisiones, afirma el ministerio en su evaluación, añadiendo que este órgano de análisis y estudio tendrá el visado legal (conformidad con los textos) y permitirá “evitar caer en las mismas incoherencias y otras irregularidades observadas, en el pasado, en las decisiones adoptadas por el CPE”.

En este sentido, la evaluación subrayó que la revitalización del papel del sector público comercial “sólo puede lograrse mediante la reforma de los mecanismos normativos que rigen el capital público comercial, en particular los relativos a la gestión y gobernanza de las empresas económicas públicas (EPE), el funcionamiento de la CPE y la reactivación de la asociación”.

 

Fuente: El Watan.

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